Las capitales no se tocan: Bruselas evita choques con el Gobierno en las grandes polémicas

En la Comisión Europea tienen una obsesión: quitarse de encima el estigma de los "hombres de negro", de los años de ajustes, del papel que jugó en los rescates a Grecia. Nadie en la capital comunitaria quiere ser acusado de ser una apisonadora que pasa por encima de las capitales. Todos los nuevos planes están enfocados en que los Estados miembros parezcan estar al mando de la nave en todo momento. Esa estrategia está llevando en ocasiones a que la Comisión Europea evite entrar en debates o tomar decisiones que en el pasado no presentaban dudas.

En el caso español, con quien esta Comisión Europea tiene una muy buena relación, se nota especialmente. Recientemente, el Gobierno ha anunciado un acuerdo sobre la reforma de las pensiones que incluye algunos elementos que hace años el Ejecutivo comunitario habría rechazado, como la vinculación de las pensiones con la evolución del IPC o que prácticamente toda la carga para hacer sostenible el sistema recaiga en las cotizaciones sociales. La razón es que en Bruselas ya no quieren hacer de policía inflexible: si hay un acuerdo político total, como hubo en el Pacto de Toledo respecto a la revalorización de las pensiones, están dispuestos a ser flexibles, aunque desde el Ejecutivo comunitario sí que subrayan que eso no significa que el sistema de pensiones no deba ser sostenible. Se trata también de un cambio de época: ya no se habla de rescates, no hay troika, esos tiempos han pasado.

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Pero hay otros Gobiernos europeos con los que la Comisión evita a toda costa entrar en conflicto: por ejemplo, el Ejecutivo comunitario ha evitado usar grandes palabras o hacer críticas a la gestión italiana del desastre marítimo de Calabria que ha costado la vida a al menos 70 inmigrantes que se ahogaron a poca distancia de las costas de Europa a pesar de que muchos indicios apuntan a que podría haberse evitado. Con Polonia, toda crítica por la tendencia autoritaria del Gobierno ha quedado desplazada ante el papel central del país en el apoyo a Ucrania durante la guerra. Recientemente, la Comisión ha llevado a Varsovia ante la justicia europea por una polémica sentencia de su Constitucional, pero lo ha hecho sin ruido ninguno, evitando molestar.

En el caso de Hungría, a pesar de que el país se ha convertido en el mejor aliado de Putin dentro de la UE, la Comisión Europea aplica la misma lógica y ha dejado a un lado sus críticas al autoritario primer ministro Viktor Orbán. Hay más ejemplos. La Comisión Europea evita cualquier mínimo tono crítico, al menos en público, ante el escándalo de escuchas al líder de la oposición en Grecia, y tampoco saca oficialmente las garras cuando Alemania bloquea, en el último instante, un acuerdo político ya cerrado para la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035, a pesar de que ese movimiento ha irritado visiblemente a muchos Estados miembros.

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En el caso español tienen más que ver con cuestiones económicas. Un caso práctico y reciente tiene que ver con Ferrovial. La Comisión Europea no quiere hacer comentarios sobre la decisión de la empresa de trasladar su sede social de España a Países Bajos, insiste en que es una "decisión empresarial". Pero sobre todo quiere evitar hacer comentarios sobre las medidas que el Gobierno toma o se plantea tomar para intentar frenar la salida de Ferrovial del país.

En diciembre, El Confidencial consultó a la Comisión Europea por la prolongación hasta 2024 de un escudo antiopas ideado para ser utilizado durante la pandemia. En ese momento el Ejecutivo comunitario señaló que no hacía comentarios sobre proyectos de ley. "La Comisión no se pronuncia sobre el proyecto de legislación nacional y su compatibilidad con el marco jurídico de la UE", señaló entonces un portavoz comunitario.

"La Comisión no se pronuncia sobre el proyecto de legislación nacional y su compatibilidad con el marco jurídico de la UE"

"La Comisión reconoce que los Estados miembros pueden controlar las inversiones dentro de la UE que puedan suponer una amenaza para su orden público o su seguridad pública. Dicho control debe cumplir la legislación de la UE, en particular la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento", añadió entonces el portavoz de la Comisión Europea.

Ahora el Gobierno, según distintas informaciones, está barajando el uso del escudo antiopas para evitar que la filial holandesa adquiera la matriz y se realice así el traspaso a Países Bajos. Preguntada por el uso de este escudo antiopas, que ya no es un proyecto de ley, sino una norma aprobada, la Comisión Europea asegura no tener comentarios, y se resiste incluso a repetir sencillamente la frase de diciembre en la que señalaba que el control "debe cumplir la legislación de la UE, en particular la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento".

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También en los últimos días el Gobierno ha empezado a sondear el terreno ante la posibilidad de aumentar los límites máximos de espectro que puede tener cada operador para evitar que tras la fusión de Orange y MásMóvil pueda aparecer un cuarto operador. Ante la opción de que el Gobierno tome medidas para evitar que haya más competencia en el mercado, la Comisión, de nuevo, evita posicionarse: desde la dirección general de Competencia pasan el balón a compañeros de Economía Digital, que tampoco tienen comentarios al respecto. Todos se comprometen a seguir de cerca la cuestión, pero ningún comentario más.

Eso no significa que la Comisión Europea no esté dispuesta a actuar, pero sí mide mucho más sus pasos, evita lanzarse a la arena política y se limita sobre todo a opinar sobre las cuestiones cuando ya están aprobadas o cuando los problemas ya se han materializado. Esquiva todo lo posible la polémica y prefiere concentrar su comunicación por las vías privadas con los Gobiernos. Pero eso tampoco significa que, en algunas ocasiones, no saque las garras, como se vio en la cuestión de la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la oposición inicial a una ambiciosa reforma del mercado eléctrico.

Alianzas políticas

No es solamente que la Comisión intente deshacerse del viejo estigma de "los hombres de negro". Hay también una parte de cálculo político, al menos en las plantas nobles del Ejecutivo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene una enorme diferencia respecto a su antecesor en el cargo: mientras Jean-Claude Juncker, presidente en la anterior legislatura, fue una imposición de la Eurocámara a los líderes europeos, Von der Leyen es una imposición de los jefes de Estado y de Gobierno al Parlamento Europeo.

Von der Leyen tiene claro a quién le debe el puesto y sabe que debe tejer alianzas entre los líderes si quiere revalidar el cargo después de 2024. Fueron ellos los que la pusieron allí, y solamente ellos podrán mantenerla. Y eso significa que tiene que buscar apoyos más allá de su familia política, el Partido Popular Europeo (PPE). De hecho, en algunos sectores de los democristianos europeos tienen pocas simpatías por ella, a la que consideran una presidenta demasiado progresista en algunos sentidos, más cercana a los verdes que a los conservadores.

Von der Leyen tiene claro a quién le debe el puesto y sabe que debe tejer alianzas entre los líderes si quiere revalidar el cargo

Y por eso Von der Leyen se esfuerza por entablar buenas relaciones con otros líderes de distinto signo, como por ejemplo es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y considerado por muchos como la voz influyente de los socialistas de cara al próximo ciclo electoral europeo. Por el lado contrario, la presidenta también cuida sus relaciones con los líderes de la derecha dura, y trabaja sus lazos con Giorgia Meloni en Italia y también con el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia en Polonia, aprovechando el filtro del conflicto en Polonia. La idea es lograr ser una candidata de consenso.

Y todo ocurre cuando la Unión Europea está, desde hace algún tiempo, en un momento más intergubernamental, en el que los Estados miembros están al mando de la situación y la Comisión Europea juega un papel a veces más cercano al de un directorio técnico que debe asegurar que se cumplen unas reglas mínimas, más que el de un actor político activo con iniciativa propia en algunos asuntos.

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La Comisión Europea guarda esa iniciativa para algunos otros debates que la presidenta considera estratégicos y en los que, de hecho, el Ejecutivo comunitario ha jugado un papel relevante en los últimos tiempos, como la adquisición conjunta de vacunas, la coordinación de esfuerzos para la reducción de la dependencia energética de Rusia o ahora el debate sobre la carrera tecnológica hacia la descarbonización.