El juez Castellón revisará la investigación europea sobre Armengol y Torres

Hace unas semanas, el Consejo General del Poder Judicial y la judicatura en general mostraba su indignación por la falta de respuesta por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a los ataques desde la tribuna de la cámara contra el juez encargado en la Audiencia Nacional del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón. Este martes el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha sido designado como juez de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre la compra de las mascarillas del caso Koldo por parte de los Gobiernos de Baleares y Canarias. El caso se dirige por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

El estatus de la Fiscalía Europea es distinta a la Española. En su caso, son los fiscales los que instruyen y se nombra por reparto a un juez de garantías que se encarga de revisar y autorizar una parte de sus actuaciones, como regula el artículo 8 de una Ley a 9/2021. Esta figura se encarga de dar luz verde o denegar las diligencias que restringen derechos fundamentales y acordar medidas cautelares respecto de los investigados.

La Fiscalía Europea abrió su investigación este lunes tras recibir la denuncia de un particular, y en los últimos días también había recibido mensajes de algunos eurodiputados, como Eva Poptcheva, de Ciudadanos. Su decisión viene a sumarse a la decisión la semana pasada por parte de la Comisión Europea de enviar la información relacionada con el caso a la oficina europea de lucha contra la corrupción (OLAF) tras conocerse que podrían haber sido utilizados fondos europeos de ayuda al desarrollo regional (FEDER) en la trama. Bruselas aseguró que habría “tolerancia cero” hacia casos de corrupción. Sin embargo, la OLAF no puede, por ejemplo, imponer multas, y solamente puede plantear recomendaciones, como, por ejemplo, que en caso de un uso indebido de los fondos europeos estos deban ser recuperados por parte de las autoridades competentes.

"Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos denunciados. Entre ellas, recabar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de la UE. A partir de la información recabada, se decidió iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", señaló el organismo, con sede en Luxemburgo y dirigida por la rumana Laura Kovesi.

Sospechas de defraudación

"Siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la Unión Europea, tanto en sus ingresos como en sus gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, tienen la obligación legal de denunciarlo sin demora a la Fiscalía Europea”, recordaba la institución. Un portavoz de la Comisión Europea aseguró la semana pasada que el Ejecutivo comunitario “está en estrecho contacto con la autoridad de gestión nacional para determinar si hay fondos de la Unión Europea involucrados”, y señaló que siguen "la situación de cerca".

Precisamente este martes, tras conocerse las actuaciones del ente, Armengol compareció para negar que favoreciese la contratación de la empresa vinculada a la trama de Koldo, que vendió mascarillas por valor de 3,7 millones de euros al Gobierno balear que dirigía por entonces. "Podríamos ser víctimas, pero no cómplices", ha dicho la dirigente socialista este martes en el Congreso, donde ha rechazado que recibiese algún tipo de orden desde el Ministerio de Fomento que dirigía entonces José Luis Ábalos. "Nadie nos dio una orden, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos ninguna empresa", ha zanjado la jefa de la Cámara Baja.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía Europea investiga el posible uso de fondos de la UE en el caso Koldo

Nacho Alarcón. Bruselas

Las explicaciones de Armengol concuerdan con las que dieron el lunes desde su equipo en Baleares, que detallaron que la contratación con Soluciones de Gestión parte de un ofrecimiento del Ministerio de Fomento en abril de 2020. Lo que no dijeron estas fuentes ni tampoco ha desvelado Armengol es quién desde el departamento de Ábalos hizo la sugerencia porque, aseguran, no lo saben. "Nos llegaban propuestas de todos lados", ha esgrimido Armengol, que ha garantizado que todos esos ofrecimientos iban al IB-Salut, el servicio sanitario balear, y eran sus técnicos los que tomaban la decisión.