Moreno ofrece a la Comisión Europea una visita a Doñana para explicar la ley de regadíos

El Gobierno andaluz quiere que una delegación de Bruselas acuda a Doñana para conocer in situ la realidad del humedal andaluz y convencer así a las autoridades europeas que la ley de ordenación de los regadíos del entorno del parque no tiene afección sobrre la zona protegida. Es una de las conclusiones de la respuesta que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha remitido a la Comisión Europea después de que la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, amenazase a España con nuevas sanciones por la norma impulsada por PP y Vox en el Parlamento. Este mismo jueves, el propio comisario de Medio Ambiente ha recordado esta posibilidad en una respuesta al grupo socialista en la Eurocámara.

Es la segunda vez que el Gobierno autonómico emite una misiva en este sentido y, como ocurrió en la primera, endosa a los grupos de PP y Vox en la Cámara la responsabilidad de la norma que se comenzó a tramitar en la Cámara regional el pasado 12 de abril. "Es reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático", reza la carta firmada por José Enrique Borrallo, director general de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería andaluza de Sostenibilidad. Por eso, el Ejecutivo regional defiende que "se desconoce el resultado del texto que será aprobado finalmente" tras la participación de los distintos grupos con representación en el legislativo andaluz.

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EFE

En la carta, la Junta afirma que "la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección" al cumplimento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que es lo que ha provocado la amenaza de Bruselas con nuevas sanciones a España. Esa sentencia responde al incumplimiento de las directivas de agua y hábitat en el parque natural y en Bruselas consideran que la norma de PP y Vox podría abundar en esa infracción, algo que rechaza el Gobierno de la Junta.

Para justificar esta posición, defiende que la ley propone una reforma del llamado plan de la fresa, que alude a la ordenación del territorio y no a la concesión de derechos de agua, una potestad de la Confederación Hidrográfica Guadalquivir, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. "El acuífero ni se toca ni se afecta", continua Borrallo, aunque es reseñable que la proposición de ley si afirma que los terrenos recalificados "podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales".

La Junta defiende que la cantidad de agua que puede llega a Doñana supera los 50 hectómetros frente a los 19,99 aprobados en el trasvase actual

Sobre esa llegada de agua de otras demarcaciones hidrográficas pivota también la defensa del Ejecutivo andaluz ante Bruselas, que aboga por la finalización de las obras del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras a la zona del Condado de Huelva. El responsable autonómico asegura en su carta que si se culminan esos trabajos, la cantidad de agua que puede llegar al entorno de Doñana superará los 50 hm3. Hay que tener en cuenta que actualmente hay una conducción vigente de 5 hm3 y otra aprobada con 19,99 hm3, aunque esta última sólo llega parcialmente por ese retraso en las infraestructuras como el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea.

Con la previsión de la Junta habría agua más que suficiente para regularizar las 750 hectáreas que contemplaba el propio gobierno andaluz en la carta que envió a Bruselas a principios de 2022 para intentar aplacar su amenaza. En San Telmo calculan que son necesarios 3 hectómetros adicionales para que los agricultores que se quedaron fuera del plan de la fresa de 2014 puedan regar. El problema que ha provocado una crisis entre el Gobierno autonómico y el central es que en Madrid no contemplan que el agua que llegue al condado de Huelva pueda servir para regularizar más cultivos, sino para eliminar presión al acuífero que nutre al humedal.

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Esta carta dirigida a Bruselas pasará antes por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, ya que a ellos les corresponde la interlocución con Bruselas. Por eso, Moreno ha adjuntado a la respuesta de su secretario general una misiva dirigida a Ribera, con quien ha mantenido varias pugnas dialécticas en los últimos días a cuenta de la ley de regadíos del entorno de Doñana. En el texto, el malagueño propone a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo la organización de una visita conjunta a las instituciones europeas para explicar "el detalle" de la polémica ley, así como las medidas que han puesto en marcha Junta y Gobierno para cumplir con la sentencia del TJUE.